El detective privado tiene capacidad legal para investigar

Actualmente, el Detective Privado es una figura reconocida en la sociedad, en el ámbito de la investigación privada, teniendo capacidad legal para investigar casos de índole privada. De esta manera, se pretende la obtención de pruebas que resuelvan por sí mismas los casos encomendados, o usar éstas para el juicio, si lo hubiera, y argumentar la posición de la parte contratante, siempre de forma objetiva e independiente de intereses en el litigio. Con los diferentes medios de obtención de pruebas, redactará un informe con toda la información que pueda aportar al respecto, apoyando legalmente dichos hechos y en la forma que creyera conveniente. Igualmente, toda la información que aporte, podría ser ratificada por el mismo detective si así fuera necesario y conveniente.

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Referencias legislativas del detective privado

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en busca de seguridad, según consta en el BOE, pretende con ese fin, regular las actividades para su consecución, complementarias y subordinadas a la seguridad pública.

Así, la citada ley en su artículo 48 dice:

1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.

c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

Igualmente, el Reglamento de Seguridad Privada, 2364/1994, en su artículo 101, explica las funciones del detective privado:

– Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán (de las funciones recogidas en el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública).

– A los efectos del presente artículo, se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

– En el ámbito del apartado 1. C), se consideran comprendidas las grandes superficies comerciales y los locales públicos de gran concurrencia.

En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 265, Ley 1/2000, de 7 de enero, se confiere una gran importancia a las pruebas e informes emitidos por los detectives privados, ya que los informes emitidos tienen carácter de testimonio cualificado y no son impugnables por la otra parte si son ratificados en sede judicial. Por lo que el contenido de la investigación, con la consiguiente elaboración del informe, tiene un peso mayor en juicio, por la consideración de profesional del detective y con ello, su acreditación y demostración de los conocimientos que se le reconocen.

Según considera el Tribunal Supremo, el detective privado es considerado testigo privilegiado en un proceso judicial, siendo un medio de prueba dotado de exclusividad (por las razones citadas en el párrafo anterior). La actividad de los detectives privados, es prueba válida en jurisdicción civil, laboral, contencioso-administrativa, mercantil…

Asimismo, se admiten en la jurisdicción penal y eclesiástica en cualquier instancia.

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